Los senadores estudian modificaciones a la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el propósito de fortalecer los controles sobre el financiamiento político y evitar la incorporación de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas.
La iniciativa legislativa, aprobada en primera lectura, busca reforzar la integridad y la transparencia en el sistema político mediante medidas orientadas al cumplimiento de las disposiciones sobre lavado de activos y financiamiento ilícito.
El proyecto establece que los partidos deberán aplicar mecanismos de debida diligencia razonables y proporcionales para prevenir la participación de personas y capitales de origen ilícito. Entre las medidas contempladas figuran la verificación de identidad y antecedentes, la revisión de listas nacionales e internacionales de sanciones y restricciones, así como la presentación de declaraciones juradas sobre el origen lícito de los fondos.
La propuesta también incluye la evaluación de riesgos, la verificación documental de actividades económicas y capacidad financiera, además de otras acciones compatibles con el ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, la pieza legislativa señala que la aplicación de estas disposiciones deberá realizarse en apego al principio de presunción de inocencia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y las garantías constitucionales.
UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
El proyecto dispone que los partidos designen un oficial o una unidad de cumplimiento encargada de coordinar las políticas internas de prevención y control establecidas en la normativa.
Entre sus funciones se encuentran supervisar la implementación de los programas de cumplimiento, recomendar medidas preventivas y correctivas, elaborar informes internos, coordinar capacitaciones, canalizar reportes de irregularidades y cooperar con la Junta Central Electoral (JCE) dentro del marco de sus competencias legales.
La iniciativa establece que cada organización política podrá adecuar la estructura y funcionamiento de esa unidad de cumplimiento de acuerdo con su tamaño, capacidad operativa y nivel de riesgo.
Además, los partidos deberán identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el financiamiento ilícito, la corrupción y la posible infiltración de estructuras criminales en sus actividades internas.
El proyecto también contempla que la JCE pueda coordinar acciones de cooperación e intercambio de información con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio Público y otros órganos competentes, con el objetivo de fortalecer la prevención y detección de operaciones vinculadas al financiamiento ilícito en la política.
En ese sentido, la JCE tendría facultad para supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas al financiamiento político, transparencia, integridad y cumplimiento normativo establecidas en la ley y sus reglamentos.
Fuente: N Digital