El abogado José Miguel Minier respalda la propuesta del senador independiente por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, sobre la modificación a varios artículos del Código Penal, específicamente aquellos que regulan la difamación y la injuria, eliminando en varios casos las penas de prisión y sustituyéndolas por multas económicas y reparación civil, así como la derogación del artículo que sanciona el ultraje a funcionarios o servidores públicos.
‘‘Yo estoy de acuerdo en que no debe existir esa cortapisa, porque se ve como si fuera una línea del gobierno, que era parte hasta los otros días, con la Ley que creaba y regulaba la Dirección Nacional de Inteligenciade (DNI), que era una Ley mordaza al periodismo, a la libre expresión y difusión y al ejercicio libre del periodismo. Eso debe modificarse totalmente, eliminarse. Yo estoy totalmente de acuerdo’’.
Ante este contexto, Minier propuso extender el plazo de entrada en vigencia del nuevo código penal para someterlo una revisión más profunda, que se adapte a la realidad y se pueda presentar un documento sin las falencias de criminalización actual.
«Yo creo que debe hacerse una revisión más completa del Código Penal y adaptarlo a la realidad del país, porque es un código que prácticamente criminaliza y penaliza muchos aspectos de la vida del ser humano y no debe ser así. Entonces, las cárceles, que ya están entre las de mayor uso de prisión preventiva en las Américas, no tendrían capacidad cuando entre en vigencia ese código. Va a haber que utilizar hasta los estadios donde se juega béisbol para meter gente presa. Eso no debe ser. Lo que debe buscarse es la manera de reinsertar al delincuente en la sociedad y evitar que vuelva a cometer hechos. Lo ideal sería suspender la entrada en vigencia del código por un año y que durante ese tiempo se trabaje con todos los operadores del sistema, estableciendo metas para presentar un borrador en seis meses y dedicar los otros seis meses a la discusión pública en el Senado y la Cámara de Diputados, o mediante una comisión bicameral que agilice los trabajos.»
«Es bueno recordar lo que ocurrió con la implementación del Código Procesal Penal, que requirió años de preparación y aun así provocó dificultades y desorden en su puesta en marcha. Con el nuevo Código Penal el impacto podría ser mayor, porque introduce responsabilidades penales para las personas jurídicas y para quienes toman decisiones dentro de las empresas, aspectos sobre los que muchos todavía no tienen plena conciencia. Toda la evasión fiscal está criminalizada y las exigencias de gobernanza corporativa serán mucho más estrictas. La gente no tiene idea de lo que implica ese Código Penal; por eso considero que debe revisarse profundamente antes de entrar en vigencia.»
Mientras el proyecto para presentar el nuevo código penal avanza, senadores, legisladores y diversos actores de la sociedad coinciden en la necesidad de trabajar las debilidades que aún contiene para su entrada en vigor, que está previsto entre el 3 y el 6 de agosto del 2026.
Por: Málvelin Plasencia