El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, otorgó un plazo de 20 días a los imputados del caso Senasa para recurrir la decisión mediante la cual fueron ratificadas las medidas de coerción que pesan en su contra.
El plazo permitirá a las defensas de los procesados, entre ellos el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, presentar sus recursos de apelación contra la decisión del tribunal, que mantiene vigentes las medidas impuestas en el proceso por el presunto fraude contra la aseguradora estatal.
El proceso continúa mientras el Ministerio Público solicita una prórroga de cuatro meses para concluir las pesquisas y presentar la acusación. La audiencia para conocer esa solicitud fue aplazada para el 4 de septiembre de 2026, luego de que no compareciera la defensa de uno de los imputados. El órgano acusador sostiene que necesita tiempo adicional debido a la complejidad de la investigación, que incluye cientos de miles de operaciones por analizar y un número considerable de personas investigadas.
Próxima audiencia será el 4 de septiembre
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 4 de septiembre el conocimiento de la solicitud presentada por el Ministerio Público para ampliar el plazo de investigación y presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y los demás imputados.
La audiencia, que estaba programada el pasado miércoles 19 de agosto, fue pospuesta debido al fallecimiento del padre del abogado de uno de los procesados.
El Ministerio Público, representado por el director de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó cuatro meses adicionales para completar las diligencias investigativas y presentar la acusación formal.
¿Quiénes son los imputados?
Además de Santiago Hazim, en el expediente figuran Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Parte de los procesados cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras otros permanecen bajo arresto domiciliario.
El Ministerio Público atribuye al grupo su presunta participación en una estructura que habría defraudado al Estado por más de RD$15,000 millones, a través de operaciones investigadas entre 2020 y 2025. El órgano persecutor ha indicado que las pesquisas permanecen abiertas y que otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación.
De manera provisional, a los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.
Fuente: N Digital