El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat podría cambiar de tribunal si los jueces acogen la petición de calificar los hechos como homicidio voluntario por dolo eventual, según explicó este viernes el abogado querellante Yan Carlos Martínez Segura.
El representante de varias víctimas sostuvo que esa variación elevaría hasta 20 años de prisión la pena que podrían enfrentar los procesados y modificaría la competencia del tribunal unipersonal que actualmente conoce el expediente.
Martínez Segura adelantó que los querellantes formularán la solicitud de manera específica conforme se incorporen y debatan las pruebas del proceso. Aseguró que no se trata de un planteamiento fuera de plazo, debido a que el Código Procesal Penal permite variar la calificación jurídica durante el juicio.
“El artículo 327 establece que es posible variar la calificación jurídica en juicio y así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia”, manifestó el abogado al concluir la primera jornada del proceso.
Explicó que el juez también puede advertir por iniciativa propia a los imputados sobre la posibilidad de ser juzgados por un tipo penal diferente. En ese caso, el tribunal debe garantizarles la oportunidad de responder al nuevo planteamiento y preparar adecuadamente su defensa.
Si la petición es acogida, el caso dejaría de ser conocido bajo la calificación de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarios. Según Martínez Segura, la gravedad de la nueva imputación obligaría a que el proceso fuera asumido por un tribunal colegiado, debido a que la pena máxima superaría los diez años.
El Código Procesal Penal establece que, cuando una variación jurídica coloca el caso dentro de la competencia de un tribunal para infracciones más graves, el juicio puede ser interrumpido y comenzar nuevamente ante la jurisdicción correspondiente, salvo que las partes acepten que continúe ante el tribunal apoderado.
La solicitud todavía no ha sido conocida ni decidida. Los querellantes deberán demostrar durante el juicio que los hermanos Espaillat presuntamente conocían el riesgo existente en la estructura del establecimiento y, pese a ello, aceptaron la posibilidad de un resultado mortal al mantener sus operaciones.
El proceso se relaciona con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas. El Ministerio Público mantiene la acusación sustentada en los artículos 319 y 320 del antiguo Código Penal y anunció que buscará la pena máxima contemplada por esa calificación.
El juicio, conocido por el juez Franny González Castillo, fue recesado hasta el viernes 4 de septiembre, cuando continuarán las etapas pendientes y los planteamientos de las partes.
Fuente: N Digital