La reciente decisión del gobierno dominicano de aceptar deportados de Estados Unidos ha provocado un intenso debate en el país. Esta situación se vuelve aún más contradictoria considerando las declaraciones anteriores del presidente Luis Abinader, quien había afirmado que la República Dominicana no recibiría deportados de ese país. Estamos analizando las implicaciones de esta política y su relación con la soberanía nacional.
La República Dominicana ha mantenido una relación compleja con Estados Unidos, marcada por la asistencia económica y el intercambio comercial, pero también por temas sensibles como la migración.
Históricamente, Estados Unidos ha deportado a ciudadanos dominicanos y de otras naciones por diversas razones, muchas veces relacionadas con delitos menores.
A pesar de las promesas de Abinader, el gobierno decidió aceptar un número significativo de deportados, de otras nacionalidades lo que ha sido visto como un acto de «lambonismo» o servilismo hacia Estados Unidos.
Las autoridades han argumentado que esta acción es necesaria para mantener buenas relaciones con el país norteamericano y recibir beneficios económicos y asistencia.
La aceptación de deportados extranjeros plantea preguntas sobre la soberanía dominicana y la capacidad del gobierno de tomar decisiones independientes frente a la presión externa.
La población ha mostrado descontento, considerándolo un acto de sumisión que no respeta la dignidad de los ciudadanos dominicanos.
El lambonismo del gobierno dominicano en este contexto refleja una lucha constante entre mantener relaciones diplomáticas beneficiosas y proteger la soberanía nacional. La aceptación de deportados no solo afecta a los individuos involucrados, sino también a la percepción de la República Dominicana en el ámbito internacional. ¿Qué haremos entonces con los ciudadanos haitianos? Esperaremos las explicaciones de las negociaciones de la cancillería dominicana.
Por: Nelson Rojas