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El voto de los dominicanos del exterior: un derecho que no se puede medir en dólares

Por Opinión 4 min de lectura

Por años, la República Dominicana ha mantenido una relación estrecha con sus ciudadanos residentes en el exterior. Muchos emigraron en busca de oportunidades, pero conservaron vínculos familiares, económicos y sociales con el país.

Cada cierto tiempo, sin embargo, surgen cuestionamientos al voto exterior bajo el argumento de que organizar elecciones fuera del territorio nacional resulta demasiado costoso.

En ese debate se ha mencionado al economista Bernardo Vega, quien ha cuestionado el gasto que representa para el Estado organizar estas votaciones. La preocupación puede discutirse legítimamente, pero el análisis no debería reducirse al costo de la logística electoral. También debe considerar el aporte de la diáspora y el principio democrático que protege su participación.

El voto no es un privilegio: es un derecho

El voto de los dominicanos residentes en el exterior no es una concesión administrativa. Está reconocido por la legislación electoral dominicana.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral establece que los dominicanos residentes en el extranjero, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, pueden votar para elegir al presidente y vicepresidente de la República, así como a los representantes de la comunidad dominicana en el exterior.

La Junta Central Electoral también ha definido el voto exterior como una de las principales conquistas democráticas del país. En 2025, su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, lo calificó como “la conquista más democrática” de la República Dominicana en materia electoral.

Por eso, discutir su costo es válido. Lo insuficiente es utilizar únicamente el criterio económico para cuestionar un derecho político establecido por ley.

La diáspora también sostiene al país

La contribución de los dominicanos en el exterior supera ampliamente el acto de votar. Solo en 2025, la República Dominicana recibió US$11,866.3 millones en remesas, según el Banco Central, un aumento de 10.3 % respecto a 2024. (Banco Central de la República Dominicana)

Esos recursos ayudan a sostener hogares, financiar viviendas, respaldar negocios, cubrir estudios y fortalecer comunidades. A esto se suman inversiones, conocimientos profesionales, experiencias y conexiones internacionales que benefician al país.

La diáspora también proyecta la cultura dominicana en el mundo mediante la música, la gastronomía, las tradiciones y la participación comunitaria.

Por tanto, no resulta coherente reconocer su importancia cuando aporta recursos y, al mismo tiempo, poner en duda su derecho a participar en las decisiones nacionales.

El verdadero debate debería ser cómo hacerlo mejor

Si el voto exterior tiene costos elevados, corresponde buscar mecanismos para reducirlos sin debilitar la participación ciudadana. La discusión debe concentrarse en mejorar la logística, aprovechar la tecnología, optimizar los recursos y garantizar transparencia.

La solución no debería ser eliminar o deslegitimar el derecho.

La JCE ya trabaja con 24 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) y ha iniciado preparativos de cara al proceso electoral de 2028. (Junta Central Electoral)

La pregunta central, entonces, no es cuánto cuesta excluir a los dominicanos del exterior, sino cómo garantizar que puedan votar de manera segura, eficiente y transparente.

Una democracia no puede medirse solo por su precio

Organizar elecciones cuesta dinero. También cuesta mantener instituciones, proteger derechos y asegurar la participación de los ciudadanos. Pero una democracia no puede evaluar sus principios únicamente como partidas presupuestarias.

Los dominicanos residentes en el exterior forman parte de la nación y mantienen vínculos concretos con ella. Su participación no depende de que vivan dentro de las fronteras, sino de que conservan la ciudadanía y los derechos que esta implica.

La diáspora no debe ser vista como una carga electoral, sino como una parte integral de la República Dominicana.

Si sus miembros pueden contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país, también deben poder decidir quiénes lo dirigirán.

La dominicanidad no tiene frontera.

Por: Rafael Osoria