La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su profunda preocupación por el estado del sistema judicial del país, al que calificó como “deteriorado”, y cuestionó duramente el manejo de la criminalidad y la impunidad en los tribunales.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria señaló al fiscal Carlo Díaz como “una vergüenza nacional” y criticó que personas vinculadas al asesinato de un oficial de la Policía en Batán de Limón permanecieran en libertad pese a contar con antecedentes delictivos acumulados.
Fernández afirmó que el Poder Judicial y sus magistrados deben tomar conciencia de que “los criminales que andan sueltos están matando a los costarricenses y también a los oficiales de policía”. Asimismo, denunció la presunta penetración del narcotráfico en las estructuras judiciales, recordando que tres jueces y tres fiscales fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por supuestos vínculos con organizaciones criminales.
La gobernante también mencionó el caso del exmagistrado Celso Gamboa y aseguró que durante el año pasado fueron detenidos 91 funcionarios por eventuales nexos con el narcotráfico. Según indicó, la impunidad y la reducción de penas en los tribunales generan preocupación entre las familias costarricenses, ya que en muchos casos “los jueces les bajan las sentencias y hasta los dejan en libertad”.
En relación con la reunión sostenida recientemente con magistrados de la Corte Suprema, el fiscal general y el director del OIJ, Fernández reconoció que el encuentro fue “muy decepcionante”. Añadió que su administración está cumpliendo con su parte en materia de seguridad y espera que las autoridades judiciales también actúen frente a la creciente inquietud ciudadana por la falta de una “justicia pronta y cumplida”.
Finalmente, la presidenta anunció un proyecto para fortalecer el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), mediante la capitalización del fondo de pensiones con recursos provenientes de una eventual venta del Banco de Costa Rica. Según explicó, los fondos serían destinados a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones del país.
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