La defensa del exsubdirector administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Alexander Solano, calificó de “innecesario” el juicio del caso Medusa y reclamó la extinción del proceso, al sostener que han transcurrido cerca de seis años sin que exista una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El abogado Manuel Sierra explicó que parte de las defensas ha solicitado reiteradamente la extinción del proceso, amparándose, según afirmó, en lo establecido por la legislación dominicana, el Código Procesal Penal y decisiones del Tribunal Constitucional sobre la duración de los procesos. “Estamos en presencia de un juicio innecesario de una gente sometida a la pena del banquillo”, afirmó.
Sierra sostuvo que, incluso si el juicio continúa, el proceso podría alcanzar los siete años antes de obtener una sentencia en primera instancia. A esto, agregó, habría que sumar el tiempo correspondiente a eventuales recursos ante la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, por lo que estimó que podrían pasar ocho o hasta nueve años antes de una decisión definitiva.
A juicio del abogado, la insistencia del Ministerio Público en mantener el proceso constituye una actuación que eventualmente podría generar responsabilidades para el Estado dominicano. También cuestionó la acusación presentada contra los imputados y sostuvo que no individualiza adecuadamente la participación de cada uno en los hechos investigados.
Sierra afirmó que el Ministerio Público debió precisar qué hizo cada imputado y establecer las circunstancias de tiempo, modo y espacio en que supuestamente ocurrieron los hechos. Consideró que esa falta de individualización constituye uno de los problemas de origen de la acusación.
El abogado también cuestionó la incorporación de un testigo que, según afirmó, fue señalado previamente en España como una persona con un papel principal en los hechos investigados y que ahora es presentado como testigo clave del Ministerio Público. Sierra puso en duda el cambio de posición procesal de esa persona y reclamó que se cumplan las garantías establecidas en el Código Procesal Penal.
Asimismo, alegó que durante diligencias realizadas en España mediante mecanismos de cooperación internacional se practicaron interrogatorios, auditorías y peritajes sin que las defensas fueran informadas oportunamente. Para Sierra, esto debe analizarse a la luz del carácter acusatorio y adversarial del proceso penal dominicano.
El abogado insistió en que la prolongación del proceso sin una sentencia definitiva convierte el juicio en una carga innecesaria para los imputados y reiteró que la extinción es una de las principales solicitudes que deberá ser considerada dentro de las peticiones formuladas por las defensas.
Fuente: N Digital