El acceso al derecho a la salud en Estados Unidos no se distribuye de manera equitativa entre los distintos grupos poblacionales, y la población hispana o latina enfrenta barreras particularmente significativas.
Aunque el sistema de salud estadounidense se basa en gran medida en la cobertura de seguro médico como puerta de entrada, los datos muestran que los latinos tienen tasas considerablemente más altas de falta de seguro en comparación con otros grupos, lo que limita su acceso efectivo a servicios médicos.
Entre 18% y 23.6% de los latinos carecen de seguro médico, una proporción que más que duplica la de los blancos no hispanos. Esta brecha se agrava aún más al considerar el estatus migratorio: aproximadamente el 60% de los latinos indocumentados no tiene cobertura, frente a cerca del 28% de los latinos con estatus legal.
Esto evidencia que el acceso a la salud no depende únicamente de factores económicos, sino también de marcos legales y políticos que excluyen a ciertos grupos. Sin embargo, incluso cuando existe cobertura, persisten desigualdades en el uso de los servicios de salud. Solo el 70% de los latinos reporta haber visitado a un profesional médico en el último año, en comparación con el 82% de la población general.
Asimismo, una proporción significativa carece de un proveedor habitual de atención, lo que afecta la continuidad del cuidado y la prevención de enfermedades.
Estas diferencias reflejan barreras adicionales como el idioma, el nivel educativo y la familiaridad con el sistema de salud. Las desigualdades son aún más marcadas en el ámbito de la salud mental, donde solo el 30% de los latinos con depresión recibe tratamiento, frente a más del 50% en la población blanca.
Este fenómeno puede explicarse por factores culturales, estigmas sociales y la falta de servicios cultural y lingüísticamente adecuados.
En conjunto, estos datos demuestran que el acceso a la salud en Estados Unidos está estructurado por lo que en Salud pública se conocen como Determinantes sociales de la salud. Factores como el estatus migratorio, los ingresos, el idioma y el nivel educativo no solo influyen, sino que determinan de manera sistemática quién puede acceder a servicios de salud y en qué condiciones.
Por lo tanto, el derecho a la salud en este contexto no es plenamente universal, sino estratificado.
Por: Angie Cabrera