Hay algo que debería preocuparnos mucho más que cualquier tendencia en las redes sociales: que los dominicanos comencemos a acostumbrarnos a vivir con miedo.
La inseguridad ciudadana ha dejado de ser una preocupación ocasional para convertirse en una conversación cotidiana. Abrimos las redes sociales y encontramos denuncias de robos, asaltos y personas que han sido víctimas de delincuentes incluso dentro de sus propios hogares.
Y ante esta realidad debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿estamos haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos?
Tenemos un Gobierno que ha demostrado una gran capacidad para comunicarse a través de las redes sociales, utilizar la tecnología y proyectar sus acciones. Pero gobernar no puede reducirse a comunicar. Un Gobierno debe ser evaluado también por aquello que ocurre cuando las cámaras se apagan: por la seguridad de la gente, por la eficiencia de sus instituciones y por la confianza que tiene el ciudadano en la justicia.
En los últimos meses hemos conocido casos que han generado preocupación e indignación. Personas que regresan al país y son víctimas de delincuentes que penetran a sus viviendas; figuras conocidas del ámbito público que también han sido víctimas de robos; y hechos que han tocado profundamente a familias dominicanas.
Lo preocupante es que muchas veces reaccionamos únicamente cuando el caso se hace viral. Entonces aparecen las autoridades, las declaraciones, las investigaciones y las promesas. Pero una sociedad no puede depender de que un caso llegue a las redes sociales para que se le preste atención.
La seguridad ciudadana debe ser una política permanente, no una respuesta momentánea ante el escándalo.
Y aquí entra otro elemento fundamental: la justicia.
Podemos tener un nuevo Código Penal, podemos modificar las leyes y aumentar las consecuencias jurídicas de determinados delitos. Pero los delincuentes no se detienen simplemente porque exista una nueva legislación. Se detienen cuando existe una verdadera posibilidad de ser identificados, perseguidos, apresados, sometidos a la justicia y sancionados conforme a la ley.
La delincuencia no estudia los códigos como los abogados. El delincuente no sale a la calle pensando en qué artículo del Código Penal podría aplicársele. Lo que calcula es otra cosa: las posibilidades de ser descubierto y las consecuencias reales de sus actos.
Por eso, más importante que anunciar nuevas penas es garantizar que las instituciones puedan hacer cumplir las que ya existen.
También debemos abandonar la idea de que la seguridad es exclusivamente responsabilidad de la Policía Nacional. Es un problema que involucra al sistema de justicia, al Ministerio Público, al sistema penitenciario, a los gobiernos locales, a las familias, a las escuelas y a toda la sociedad.
Pero hay una responsabilidad que corresponde especialmente al Estado: garantizar que el ciudadano no tenga que convertirse en investigador, policía y juez de su propio caso para conseguir justicia.
No podemos permitir que la gente termine creyendo que en República Dominicana la justicia depende de a quién uno conoce, de quién uno sea o de cuánto ruido pueda hacer un caso en las redes sociales.
Una justicia verdaderamente eficiente debe funcionar para todos: para el ciudadano humilde y para el ciudadano con recursos; para quien tiene una plataforma pública y para quien no tiene ninguna.
Este es el momento de preguntarnos qué país queremos construir.
Porque podemos tener avances tecnológicos, grandes campañas de comunicación y una presencia permanente en las redes sociales. Pero ningún país puede sentirse verdaderamente desarrollado si sus ciudadanos tienen miedo de salir de sus casas, si temen dejar sus viviendas solas o si sienten que denunciar un delito no garantiza una respuesta efectiva.
La seguridad no puede ser una tendencia. La justicia no puede depender de la viralidad. Y la tranquilidad de los dominicanos no puede ser un privilegio.
La República Dominicana necesita menos espectáculo alrededor de la inseguridad y más resultados frente a ella.
Porque al final, el ciudadano no quiere que le expliquen que todo está bajo control.
Quiere poder comprobarlo cuando cierre la puerta de su casa y se sienta seguro.
Por: Luis Alberto García