Una señal de alerta para la JCE, los partidos políticos y la sociedad civil
La abstención electoral de los dominicanos en el exterior debe dejar de verse como una simple estadística. Detrás de cada ciudadano que decide no votar existe una razón, una decepción, una dificultad o, quizás, la sensación de que su participación ya no tiene la misma importancia que tuvo en el pasado.
La pregunta que debemos hacernos es mucho más profunda:
¿Por qué el dominicano del exterior ha comenzado a alejarse de las urnas?
La respuesta no puede recaer exclusivamente sobre el elector. También debemos preguntarnos qué han hecho —o qué han dejado de hacer— la Junta Central Electoral, los partidos políticos, los candidatos, las organizaciones cívicas y las propias organizaciones comunitarias para mantener viva la participación política de nuestra diáspora.
El dominicano que vive fuera del país sigue siendo dominicano. Mantiene vínculos familiares, culturales, económicos y afectivos con la República Dominicana. Sin embargo, su realidad cotidiana es diferente y, en muchos casos, sus prioridades políticas también lo son.
¿Qué ha fallado?
Durante los procesos electorales se observa una intensa movilización para buscar el voto de los dominicanos en el exterior. Los candidatos viajan, se organizan encuentros comunitarios, se realizan reuniones y aparecen discursos dirigidos a la diáspora.
Pero después de las elecciones surge una pregunta incómoda:
¿Dónde quedan esos candidatos y esos partidos cuando termina la campaña?
Una democracia saludable no puede construir su relación con el ciudadano solamente durante los meses electorales.
La participación política debe cultivarse permanentemente.
El ciudadano debe sentirse escuchado antes, durante y después de las elecciones.
Cuando una persona siente que su voto solamente interesa cuando se necesita para ganar, inevitablemente puede aparecer el desencanto.
La abstención es una señal, no el problema
La abstención no debe interpretarse únicamente como falta de interés.
También puede ser una señal de desconfianza.
Un ciudadano puede abstenerse porque no se identifica con los candidatos, porque no encuentra propuestas que respondan a sus preocupaciones, porque tiene dificultades para votar o porque considera que los partidos tradicionales ya no representan sus aspiraciones.
Y aquí aparece una responsabilidad compartida.
La JCE tiene que garantizar las condiciones para que el ciudadano pueda ejercer su derecho.
Los partidos tienen que presentar propuestas capaces de movilizar al electorado.
Las organizaciones cívicas deben promover educación electoral.
Y la comunidad tiene que asumir que la participación política también es una herramienta para defender sus derechos.
¿Y los jóvenes?
Quizás uno de los mayores desafíos del sistema político dominicano sea incorporar a las nuevas generaciones.
Los jóvenes dominicanos que viven en el exterior tienen una relación diferente con la política.
Muchos nacieron fuera de la República Dominicana. Otros llegaron siendo niños. Crecieron en sociedades donde las campañas electorales, las redes sociales y la comunicación política funcionan de manera diferente.
No podemos pretender que una generación criada en la era digital responda a las mismas estrategias políticas utilizadas hace décadas.
Los jóvenes no necesariamente están alejados de la política; muchas veces están alejados de los partidos políticos.
Esta diferencia es fundamental.
Un joven puede estar preocupado por la educación, la vivienda, el empleo, la inmigración, la seguridad, el cambio climático, la tecnología o las oportunidades económicas y, al mismo tiempo, no encontrar en los partidos dominicanos un espacio donde esas preocupaciones sean escuchadas.
Los partidos tienen que abrir sus puertas a esa generación.
No solamente para pedirle que vote, sino para permitirle participar, opinar y construir propuestas.
El voto no puede ser solamente una obligación
Hay que recuperar el significado del voto.
Votar debe ser entendido como una herramienta de poder ciudadano.
El elector dominicano del exterior debe saber que su participación puede contribuir a decidir quiénes serán sus representantes y qué visión de país se quiere construir.
Pero para lograrlo necesitamos algo fundamental: credibilidad.
La ciudadanía participa cuando cree que su participación puede producir cambios.
Cuando esa confianza desaparece, aumenta la indiferencia.
Por eso, combatir la abstención no significa simplemente colocar más mesas electorales o hacer campañas publicitarias.
Significa reconstruir la relación entre el ciudadano y el sistema político.
La responsabilidad de los partidos
Los partidos políticos dominicanos tienen que hacer una profunda autocrítica.
¿Están escuchando realmente a la diáspora?
¿Tienen estructuras permanentes en el exterior?
¿Preparan a jóvenes para asumir responsabilidades políticas?
¿Presentan propuestas específicas para las comunidades dominicanas que viven fuera?
¿O solamente activan sus estructuras cuando se acercan las elecciones?
Estas preguntas deben ser respondidas.
La diáspora dominicana ha crecido, se ha profesionalizado y tiene una presencia cada vez mayor en las sociedades donde reside.
Ya no estamos hablando solamente de trabajadores que envían remesas.
Estamos hablando de profesionales, empresarios, estudiantes, funcionarios electos, líderes comunitarios, educadores, periodistas, médicos, abogados, científicos y jóvenes que están construyendo nuevas generaciones de dominicanos.
La política debe evolucionar al mismo ritmo que evolucionó nuestra comunidad.
La JCE también tiene un desafío
La Junta Central Electoral tiene una responsabilidad esencial: garantizar que el derecho al voto de los dominicanos en el exterior sea accesible, confiable y eficiente.
Pero también sería conveniente que la JCE estudie con mayor profundidad las causas de la abstención.
No basta con conocer cuántos votaron.
Necesitamos saber por qué los demás no votaron.
¿Fue por dificultades logísticas?
¿Falta de información?
¿Desinterés?
¿Desconfianza?
¿Distancia de los centros de votación?
¿Falta de identificación con los candidatos?
¿Problemas con la inscripción o actualización de datos?
Cada respuesta puede conducir a una política diferente.
Por: Rafael Osoria