Por décadas, la República Dominicana ha recibido de sus ciudadanos residentes en el exterior una de sus contribuciones económicas más importantes: las remesas. Miles de dominicanos que viven fuera del territorio nacional envían regularmente parte de sus ingresos a sus familiares, contribuyen a la adquisición de viviendas, financian estudios, sostienen pequeños negocios y participan, de una manera u otra, en la economía nacional.
El sábado 12 de septiembre tuve la oportunidad de moderar la presentación del libro Cuna del Caribe, de la autoría de Patrick Colón, un joven político dominicano que reside en el exterior. Durante el intercambio surgieron importantes reflexiones sobre el valor que representan los dominicanos residentes en el exterior para el Estado dominicano. Esa conversación despertó en mí una inquietud fundamental: ¿qué estamos haciendo como país para garantizar que nuestros hijos y nietos mantengan ese mismo vínculo con la República Dominicana? A partir de esa experiencia comenzaron a surgir algunas de las reflexiones que motivan este artículo. Las remesas no son una fuente de recursos que exista de manera automática e indefinida. Son, ante todo, la expresión económica de una relación humana, familiar, cultural y nacional. Cuando esa relación comienza a debilitarse, también puede disminuir la disposición de las nuevas generaciones a enviar dinero, invertir, viajar, adquirir propiedades o mantener una relación económica permanente con el país de origen de sus padres y abuelos.
Por eso, el debate sobre las remesas debe dejar de ser exclusivamente económico. Es también un debate sobre identidad, nacionalidad, política exterior, integración, inversión y futuro nacional.
La República Dominicana necesita avanzar hacia una verdadera política de Estado hacia los dominicanos residentes en el exterior.
No partimos de cero
Sería injusto afirmar que el Estado dominicano no ha hecho esfuerzos para mantener el vínculo con sus ciudadanos residentes en el exterior. Por el contrario, durante las últimas décadas se han producido avances importantes.
La Constitución reconoce la doble nacionalidad en su artículo 20. Los dominicanos residentes en el exterior cuentan con representación política mediante diputados de ultramar y tienen reconocido el derecho al voto desde fuera del territorio nacional. La Ley 136-11 regula la elección de diputados en el exterior, mientras que la Ley 630-16 creó el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).
También existen medidas de carácter social y aduanal, como la denominada Gracia Navideña, que facilita durante el período navideño la entrada al país de determinados bienes de los dominicanos residentes en el exterior bajo condiciones especiales. Todas estas iniciativas tienen un valor que debe reconocerse. Representan una evolución importante en la forma en que el Estado dominicano concibe a sus ciudadanos que viven fuera del territorio nacional.
Los dominicanos residentes en el exterior han dejado de ser vistos únicamente como una población que emigró y que envía recursos a sus familiares. Progresivamente han sido reconocidos como parte integral de la nación dominicana y como un actor de importancia económica, social, política y cultural.
Pero precisamente porque esos avances existen, debemos formular una pregunta más ambiciosa: ¿Son estas iniciativas parte de una estrategia integral de Estado o continúan siendo esfuerzos que, aunque valiosos, se han desarrollado de manera separada?
A mi juicio, aquí se encuentra uno de los grandes desafíos. Tenemos una ley para una cosa, una institución para otra, una disposición para facilitar determinado beneficio, una estructura de representación política y mecanismos para ejercer derechos desde el exterior. Cada una de estas iniciativas puede haber respondido a una necesidad concreta y haber representado, en su momento, un legítimo intento de acercamiento a la comunidad dominicana en el exterior.
Pero una suma de medidas aisladas no necesariamente constituye una política de Estado. La diferencia es fundamental. Una política fragmentada responde a problemas conforme aparecen. Una política estratégica se pregunta qué relación queremos construir con los dominicanos que viven fuera del territorio nacional dentro de veinte, treinta o cincuenta años.
El dominicano en el exterior es mucho más que una remesa
Durante demasiado tiempo hemos reducido la relación con los dominicanos residentes en el exterior a una ecuación sencilla: dominicano en el exterior igual a remesa. Pero el dominicano que vive fuera es mucho más que eso. Puede ser propietario de una vivienda en Santo Domingo, inversionista, empresario, consumidor, turista, profesional, ciudadano, votante y, sobre todo, miembro de una familia transnacional que mantiene vínculos con la República Dominicana.
Por eso, la política pública no debería concentrarse exclusivamente en facilitar la llegada del dinero. Debe procurar que el dominicano residente en el exterior quiera seguir vinculado al país. Y aquí aparece un desafío que merece mucha más atención: el generacional.
Un dominicano que emigró a Estados Unidos a los 20, 25 o 30 años probablemente conserva una relación intensa con la República Dominicana. Tiene recuerdos, familiares, amigos, costumbres, propiedades y experiencias que mantienen vivo ese vínculo.
Pero pensemos en sus hijos, nacidos en Nueva York, Nueva Jersey, Boston o cualquier otra ciudad estadounidense. Y pensemos, aún más, en sus nietos. Para ellos, República Dominicana puede dejar de ser el país que conocieron directamente y convertirse en el país de sus padres o abuelos.
Esto no necesariamente significa rechazo a la identidad dominicana. Es un proceso natural de
transformación generacional. Pero precisamente porque es natural, el Estado debe anticiparlo. Una política inteligente hacia los dominicanos residentes en el exterior no espera a que el
vínculo desaparezca para intentar recuperarlo. Lo fortalece mientras todavía existe.
La relación bancaria también importa
Otro elemento que debemos observar es la relación financiera entre los dominicanos residentes en Estados Unidos y las instituciones bancarias dominicanas.
Las regulaciones estadounidenses, particularmente la legislación conocida como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), han creado obligaciones de cumplimiento y reporte para determinadas instituciones financieras respecto de personas sujetas a la legislación fiscal estadounidense.
Estas obligaciones forman parte del sistema internacional de cumplimiento financiero y tienen objetivos legítimos. Sin embargo, desde la perspectiva del ciudadano, pueden traducirse en procesos adicionales de identificación, clasificación fiscal, documentación y revisión. Para un dominicano residente en Estados Unidos, una operación aparentemente sencilla como abrir una cuenta o realizar determinadas operaciones financieras puede implicar formularios, verificaciones y solicitudes de información que no siempre resultan fáciles de comprender o completar.
El problema, por tanto, no debe plantearse simplemente como una oposición a FATCA. La cuestión es cómo las obligaciones de cumplimiento internacional son experimentadas por el ciudadano y qué puede hacer la República Dominicana para reducir, dentro del marco legal correspondiente, las barreras innecesarias.
Cuando una persona se encuentra repetidamente con trámites complejos, respuestas poco claras, períodos prolongados de revisión o requisitos que no comprende, existe un riesgo evidente: que desista.
Y cada dominicano que desiste de establecer una relación financiera más profunda con el país representa una oportunidad perdida para el ahorro, la inversión y la integración económica de los dominicanos residentes en el exterior.
La nacionalidad también es una política hacia los dominicanos residentes en el exterior
Algo similar ocurre con las nuevas generaciones y su relación jurídica con la República Dominicana. Los artículos 18, 19 y 20 de la Constitución dominicana establecen importantes disposiciones relacionadas con la nacionalidad y la ciudadanía. Esto tiene una dimensión que va mucho más allá del ámbito estrictamente jurídico.
Imaginemos a una persona nacida en Estados Unidos, hija de dominicanos, que decide documentar formalmente su vínculo con la República Dominicana.
Esa decisión debería ser vista por el Estado como una oportunidad. Es una persona que está diciendo: quiero mantener este vínculo.
Pero si encuentra procesos excesivamente complejos, información fragmentada, costos elevados, dificultades para obtener orientación o procedimientos que no responden adecuadamente a la realidad de quienes viven en el exterior, el Estado puede terminar debilitando precisamente la relación que debería estar fortaleciendo.
Un derecho constitucional debe estar acompañado por instituciones capaces de facilitar su ejercicio. Un derecho que existe formalmente, pero cuyo ejercicio resulta innecesariamente difícil, puede terminar convirtiéndose en un derecho distante para las nuevas generaciones.
Cuando regresar también se vuelve una decisión
Existe además una dimensión económica y cultural que pocas veces analizamos suficientemente.
Miles de dominicanos residentes en Estados Unidos llevan a sus hijos a República Dominicana durante las vacaciones. Algunos permanecen varias semanas; otros pasan uno o dos meses. Durante ese período consumen bienes y servicios, utilizan transporte, visitan restaurantes, realizan compras, participan en actividades y contribuyen directamente a la economía local.
Pero hay algo aún más importante: están transmitiendo una relación con el país a sus hijos. El viaje familiar puede ser el momento en que un niño nacido en Nueva York conozca por primera vez la comunidad de sus padres, visite a sus abuelos, conozca la cultura dominicana y empiece a construir su propia relación con el país.
Por eso, debemos preguntarnos si determinadas cargas, impuestos, procedimientos o dificultades administrativas pueden terminar generando el efecto contrario al que buscamos. La pregunta no debería ser solamente cuánto puede recaudar el Estado en una determinada operación. También deberíamos preguntarnos: ¿Qué valor tiene para la República Dominicana lograr que una familia dominicana residente en Estados Unidos, Europa u otra región regrese cada verano durante los próximos veinte años?
Porque esa familia no representa solamente una visita. Puede representar cientos de visitas, consumo, inversión, vivienda, educación, negocios y, sobre todo, transmisión de identidad.
Los dominicanos residentes en el exterior como activo estratégico
Esta discusión adquiere todavía mayor importancia cuando la observamos desde la perspectiva de las relaciones internacionales.
En el orden internacional contemporáneo, los Estados no proyectan sus intereses únicamente mediante gobiernos, embajadas, fuerzas militares o capacidades económicas. También lo hacen mediante redes sociales, culturales, empresariales y políticas.
En esta línea, John J. Mearsheimer y Stephen M. Walt, en su obra The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, analizan cómo una comunidad en ultramar, bien organizada, puede desarrollar capacidad de incidencia en la política exterior del país de acogida mediante la participación política, la organización y el cabildeo.
Sin equiparar este caso con la comunidad dominicana, su análisis ofrece un referente comparativo para reflexionar sobre el potencial estratégico de la diáspora dominicana.
En esa misma misión, en su libro “Cuna del Caribe”, Patrick Colón presenta a la diáspora dominicana no solamente como una fuente fundamental de remesas, sino como un actor económico, político y diplomático con capacidad de incidir en las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos. Su planteamiento invita a mirar a los dominicanos residentes en el exterior como un activo estratégico para el país y a reflexionar sobre cómo ese potencial puede ser articulado dentro de una verdadera política de Estado.
El caso plantea una pregunta interesante para la República Dominicana: ¿Puede nuestro país convertir a los dominicanos residentes en el exterior en un activo estratégico para el desarrollo nacional y para su política exterior?
La respuesta debería ser sí.
Pero existe una condición fundamental: una comunidad no puede ser movilizada simplemente porque el Estado la necesita.
No podemos acercarnos a los dominicanos residentes en el exterior solamente cuando necesitamos remesas, inversiones, votos, apoyo político o representación internacional. Una comunidad también necesita sentir que el Estado la reconoce, la escucha y le facilita su relación con el país. Por eso, quizás sea más apropiado hablar de articulación estratégica de los dominicanos residentes en el exterior que de instrumentalización.
El objetivo no debería ser utilizar a los dominicanos del exterior. Debe ser crear las condiciones para que ellos mismos encuentren razones para participar en el desarrollo de su país.
Del reconocimiento a una verdadera estrategia
La República Dominicana ha dado pasos importantes. La Constitución, el voto exterior, los diputados de ultramar, el INDEX, la Gracia Navideña y otras iniciativas demuestran que existe un reconocimiento progresivo de la importancia de la comunidad dominicana en el exterior.
Ahora debemos dar el siguiente paso.
Necesitamos conectar estas iniciativas dentro de una verdadera política nacional hacia los dominicanos residentes en el exterior. Una política que contemple, entre otras cosas, mecanismos financieros más accesibles y comprensibles; orientación para quienes desean invertir; mejores canales de información consular; procedimientos eficientes para quienes buscan ejercer sus derechos de nacionalidad; programas dirigidos específicamente a las segundas y terceras generaciones; y una política de turismo que reconozca la particularidad de los dominicanos que regresan al país acompañados de sus hijos nacidos en el exterior.
También necesitamos mecanismos que permitan transformar una parte del flujo de remesas en inversión productiva: vivienda, emprendimientos, educación, pequeñas empresas y proyectos capaces de generar riqueza a largo plazo.
Pero, sobre todo, necesitamos cambiar la mentalidad. El dominicano que vive en Estados Unidos, España, Italia, Haití, Suiza y otros países donde nuestra comunidad se ha establecido no debe ser visto solamente como alguien que manda dólares, euros u otra moneda a Santo Domingo. Debe ser visto como ciudadano, inversionista, empresario, turista, profesional, actor político, embajador cultural y parte de la nación dominicana, aunque su residencia se encuentre fuera del territorio nacional.
Las remesas no son eternas
La República Dominicana posee una de sus mayores fortalezas precisamente fuera de sus fronteras: una comunidad numerosa, económicamente activa y con enormes capacidades profesionales, empresariales, políticas y sociales. Pero esa fortaleza no está garantizada para siempre.
Los vínculos familiares cambian. Las generaciones pasan. Las identidades evolucionan. Por eso, la pregunta estratégica no puede ser únicamente cuánto dinero enviarán los dominicanos residentes en el exterior el próximo año.
Debemos preguntarnos si el niño dominicano que hoy vive en el extranjero seguirá visitando la República Dominicana cuando tenga treinta años. Si continuará considerándose dominicano. Si querrá obtener o conservar su nacionalidad. Si comprará una vivienda. Si invertirá. Si enviará dinero a sus familiares. Si llevará a sus propios hijos a conocer el país de sus abuelos.
Todas esas decisiones dependerán, en buena medida, de la relación que construyamos hoy. Las remesas no son solamente dinero. Son la expresión económica de un vínculo que debe ser cuidado.
La República Dominicana no necesita empezar desde cero. Ya existen leyes, instituciones, derechos y programas que constituyen piezas importantes de una política hacia los dominicanos residentes en el exterior.
Lo que falta es conectar esas piezas. Pasar de medidas aisladas a una estrategia. De la reacción a la planificación. De mirar cuánto dinero llega a preguntarnos cómo mantener la relación que hace posible que ese dinero continúe llegando.
Porque las remesas no son eternas.
Y si queremos que los dominicanos residentes en el exterior continúen siendo una de las grandes fortalezas de la República Dominicana, debemos construir hoy las condiciones para que las próximas generaciones quieran seguir siendo parte de ella.
La verdadera política hacia los dominicanos residentes en el exterior no debe diseñarse solamente para los dominicanos que viven hoy fuera del país. Debe diseñarse también para los dominicanos que todavía no han nacido y que algún día tendrán que decidir qué lugar ocupa la República Dominicana en sus vidas.
Por: Jhefres Reyes Reinoso